7.2 Un proveedor debe exigir que el proveedor de alojamiento para estudiantes elabore, ponga en práctica y publique en su página web un plan de prevención y respuesta para toda la organización que: 

(a) recoge el enfoque global de la organización del proveedor de alojamiento para estudiantes para prevenir y responder a la violencia de género, que da prioridad a la seguridad y el apoyo a los residentes y al personal del alojamiento para estudiantes;  

(b) aborda los factores que provocan y contribuyen a la violencia de género, así como cualquier factor relevante para el contexto del proveedor de alojamiento para estudiantes;   

(c) describe cómo el proveedor de alojamiento para estudiantes va a cumplir los requisitos de los apartados 7.2 a 7.8 del Código; 

(d) incluye una evaluación de toda la organización que identifique los riesgos sistémicos, los factores que facilitan y los obstáculos para prevenir la violencia de género; 

(e) incluye las medidas que se tomarán en respuesta a los resultados de la evaluación;  

(f) tenga en cuenta las necesidades, la experiencia y la capacidad de actuación de todos los miembros de la comunidad del proveedor de alojamiento para estudiantes, sobre todo de aquellos que se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia de género, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades con diversidad cultural y lingüística, las personas con discapacidad y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; y 

(g) se desarrolla a través de la participación y la colaboración con los residentes y el personal de los alojamientos para estudiantes, tanto en su diseño como en su puesta en marcha, y se tiene en cuenta a quienes han sufrido violencia de género. 

7.4 Un proveedor debe tener un acuerdo con un proveedor de alojamiento para estudiantes que: 

(a) en lo que respecta al personal de los alojamientos para estudiantes, exigir al proveedor de alojamientos para estudiantes que: 

(i) pedir al personal de alojamiento para estudiantes que declare si ha sido objeto de una investigación por una denuncia de violencia de género, o si se ha determinado que ha incurrido en una conducta que constituye violencia de género en puestos similares, o durante el transcurso de cualquier empleo o contrato como colaborador externo, o en cualquier otro proceso legal;  

(ii) de acuerdo con el deber de diligencia del proveedor de alojamiento para estudiantes, tener en cuenta cualquier declaración realizada en virtud del apartado 7.4(a)(i) y cualquier riesgo derivado de dicha declaración a la hora de determinar si esa persona es apta para el puesto;  

(iii) tener en cuenta cualquier denuncia fundamentada de violencia de género que haya constatado el proveedor de alojamiento para estudiantes durante la contratación o el trabajo del personal de alojamiento para estudiantes, a la hora de decidir sobre su promoción o reconocimiento;  

(iv) exigir al personal de las residencias de estudiantes que declare cualquier relación personal íntima, actual o pasada, con un residente del proveedor de alojamiento para estudiantes; y 

(v) cuando se presente una declaración de conformidad con el apartado 7.4, letra a), inciso iv), pon en práctica, según sea necesario, cualquier plan de gestión de conflictos de intereses o de riesgos que incluya las medidas alternativas que sean necesarias;  

(b) en lo que respecta a los acuerdos de confidencialidad y las cláusulas de no difamación: 

(i) prohibir el uso de un acuerdo de confidencialidad, a menos que lo pida la parte que revela la información; 

(ii) si quien divulga la información solicita el uso de un acuerdo de confidencialidad en relación con la violencia de género, dicho acuerdo con el proveedor de alojamiento para estudiantes no debe impedir que la persona que denuncia comparta su experiencia con el fin de buscar apoyo y asesoramiento, ni que el proveedor de alojamiento para estudiantes cumpla con sus obligaciones de notificación según el Código; y  

(iii) cualquier acuerdo al que lleguen la persona que denuncia y el proveedor de alojamiento para estudiantes no debe incluir una cláusula de no difamación que pueda obligar a la persona que denuncia a mantener en secreto su experiencia de violencia de género; y  

(c) en lo que respecta a las políticas y procedimientos: 

(i) aceptar las políticas y procedimientos del proveedor sobre la prevención y la respuesta a la violencia de género; o 

(ii) tener y aplicar una política de prevención y respuesta a la violencia de género que se aplique a los residentes y al personal de las residencias de estudiantes, y que:  

A. ofrece información sobre los factores que provocan y contribuyen a la violencia de género, así como sobre cualquier factor relevante para el contexto del proveedor de alojamiento para estudiantes;  

B. es se centra en la persona y tiene en cuenta el trauma, tanto en su contenido como en su aplicación;  

C. aprueba la definición de «violencia de género» tal y como figura en el Código;  

D. Deja claro dice claramente que la violencia de género es inaceptable;  

E. Incluye información sobre los servicios de apoyo disponibles en relación con la violencia de género; 

F. cumple con las obligaciones aplicables en virtud de Standard 5, según corresponda, como si cada referencia al «Proveedor» fuera una referencia al «Proveedor de alojamiento para estudiantes»; 

G. incluye información sobre los procedimientos relacionados con una denuncia o una notificación formal de violencia de género; y 

H. está está disponible para todo el mundo, está redactado en un inglés sencillo y se puede traducir a diferentes idiomas; 

(iii) elaborar y revisar la política a la que se hace referencia en el apartado 7.4(c)(ii) al menos cada tres años, tras consultar y colaborar con:  

A. Residentes;  

B. Estudiante Personal de alojamiento para estudiantes; 

C. los grupos que se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia de género, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades con diversidad cultural y lingüística, las personas con discapacidad y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas;  

D. aquellas que han sufrido violencia de género; y  

E. expertos expertos en violencia de género; y 

(iv) permitir al Proveedor, si así lo solicita, revisar las políticas y/o procedimientos del Proveedor de Alojamiento para Estudiantes relacionados con la violencia de género y aportar comentarios con el fin de garantizar el cumplimiento de este Standard 7. 

7.5 Un proveedor debe tener acuerdos con un proveedor de alojamiento para estudiantes en materia de formación y educación, así como de iniciativas de prevención, que: 

(a) exigir a todos los residentes y al personal de los alojamientos para estudiantes que completen una formación sobre prevención y respuesta ante revelaciones, impartida o aprobada por el proveedor, que cumpla los requisitos establecidos en Standard 3 y que esté adaptada al entorno de los alojamientos para estudiantes; 

(b) exigir a los proveedores de alojamiento para estudiantes que promuevan y difundan ampliamente mensajes de prevención basados en datos contrastados y mensajes clave adaptados al entorno del alojamiento para estudiantes; y 

(c) exigir que todas las iniciativas de prevención, incluidos los programas y las campañas, que lleve a cabo el proveedor de alojamiento para estudiantes se basen en datos contrastados y se evalúen, y que los resultados de esas evaluaciones sirvan de base para futuras iniciativas de prevención. 

7.6 Un proveedor debe tener un acuerdo con un proveedor de alojamiento para estudiantes para garantizar que las evaluaciones de riesgos solo las realicen personas que tengan los conocimientos y la experiencia que se indican en el apartado 3.14 de Standard 3. Si un proveedor de alojamiento para estudiantes no cuenta con personal con los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo una evaluación de riesgos, deberá contratar a alguien que sí los tenga. 

7.7 Un proveedor debe tener un acuerdo con un proveedor de alojamiento para estudiantes que, en lo que respecta a la divulgación de información, exija a este último que: 

(a) asegurarse de que sus respuestas, prácticas y servicios de apoyo sean seguros, se centren en la persona y sean coherentes con un enfoque que tenga en cuenta el trauma;  

(b) proporcionar o facilitar el acceso a servicios de apoyo a las personas que presenten denuncias y/o informes formales, así como a los denunciados, lo que incluye explicar los servicios de apoyo disponibles, entre ellos los relacionados con los resultados educativos;   

(c) promover activamente y difundir ampliamente la información sobre cómo los residentes y el personal de las residencias de estudiantes pueden acceder a las políticas y procedimientos, así como a los servicios de apoyo internos y/o externos. Esta información debe ser accesible y estar a disposición del público, redactada en un inglés sencillo y poder traducirse a diferentes idiomas; 

(d) realizar una evaluación de riesgos en respuesta a todas las denuncias y los informes formales sobre violencia de género, y gestionar y supervisar de forma continua cualquier riesgo identificado; 

(e) en los casos en que una denuncia se refiera a una conducta que haya tenido lugar en un alojamiento para estudiantes o en un evento organizado por un proveedor de alojamiento para estudiantes: 

(i) tomar todas las medidas inmediatas necesarias y proporcionadas al riesgo que suponga la denuncia para garantizar la seguridad de la persona que la ha presentado, de otros residentes o del personal del alojamiento para estudiantes. Esto puede incluir el traslado del denunciado a otro alojamiento y/o la organización de servicios de apoyo de urgencia disponibles tanto para la persona que ha presentado la denuncia como para el denunciado; 

(ii) permitir que la persona que haya comunicado la información elija que el proveedor se encargue de la respuesta a dicha comunicación, incluyendo el apoyo necesario, así como cualquier investigación y/o proceso disciplinario, y, si la persona que haya comunicado la información así lo elige, exigir al proveedor de alojamiento para estudiantes que:  

A. colaborar plenamente con el Proveedor a la hora de gestionar la respuesta a la Divulgación, incluido el intercambio de información; y 

B. aplicar cualquier medida que decida el proveedor; y 

(iii) en los casos en que quien haya hecho la denuncia elija que sea el proveedor de alojamiento para estudiantes quien dirija la respuesta a la denuncia: 

A. realizar una evaluación de riesgos en un plazo de 48 horas tras recibir la notificación o el informe formal, o de inmediato cuando sea necesario: 

I. que hay que tener en cuenta y tenga muy en cuenta las opiniones de la persona que ha revelado la información; y 

II. para determinar las medidas de seguridad que hay que poner en marcha para proteger la seguridad de la persona que ha denunciado el caso y del resto de residentes, incluyendo el traslado del demandado a otro alojamiento; 

B. Aplica aplicar de inmediato cualquier medida de seguridad que se haya identificado en la evaluación de riesgos;  

C. gestionar y supervisar cualquier riesgo identificado; y 

D. proporcionar informar al Proveedor sobre una divulgación, lo que incluye informarle del resultado de la evaluación de riesgos y pedirle ayuda para gestionar y supervisar cualquier riesgo identificado:  

I. con el consentimiento de quien lo divulga; o  

II. Cuando si, como resultado de la evaluación de riesgos del apartado 7.7(e)(iii)(A), sea razonablemente necesario facilitar esa información al Proveedor para proteger el bienestar y la seguridad de los Estudiantes y/o del personal del alojamiento para estudiantes; o 

III. Cuando esa información se limite al hecho de que se ha producido una revelación y a cómo el proveedor de alojamiento para estudiantes está gestionando dicha revelación de acuerdo con el Código y el acuerdo de afiliación , y se facilite de una forma que no identifique ni permita identificar a la persona que ha revelado la información.  

E. En un plazo de 48 horas tras una denuncia o un informe formal, elaborar y poner en marcha un plan de apoyo en colaboración con la persona que ha realizado la denuncia y según sus deseos, de acuerdo con los requisitos pertinentes de Standard 4; y 

F. En un plazo de 48 horas tras una denuncia o un informe formal, elaborar y poner en marcha un plan de apoyo en colaboración con el demandado y según sus deseos, de acuerdo con los requisitos pertinentes de Standard 4.